Morena: Monumento a la impunidad y árbol de nepotismo

Lo que nació como una “esperanza” para La Mayoría Silenciosa se ha transformado, con el paso de los años y el ejercicio del poder, en una estructura que parece diseñada para el blindaje y la perpetuación de prácticas que prometieron desterrar. Hoy, Morena no es solo un partido: es una maquinaria de protección política donde la lealtad al líder pesa más que la justicia, y donde los escándalos de corrupción no se investigan, se archivan.
Desde sus cimientos como organización política hasta la cima de la presidencia, Morena ha dejado una estela de tragedias y obras faraónicas, donde la impunidad tiene rostro de tragedia, empezando por la línea 12 del Metro, un accidente el 3 de mayo del 2021 donde murieron 27 personas y 80 resultaron heridas. Seguido del derrumbe del Colegio Rébsamen ocurrido el 19 de septiembre del 2017 durante un temblor, en el mismo murieron 26 personas, entre ellas, 19 niños. Dejando cicatrices en la Ciudad de México, donde la negligencia administrativa cobró vidas sin que los responsables de alto nivel enfrentaran consecuencias reales.
Siendo gobierno, Morena dejó en claro que no era una casualidad lo sucedido en la CDMX: el Tren Maya, Tren Interoceánico y Huachicol Fiscal, son proyectos plagados de adjudicaciones directas, destrucción ambiental y esquemas de tráfico ilegal de combustible que benefician a una nueva élite económica bajo el manto de la “seguridad nacional”. Estos no son incidentes aislados, son una constante en el actuar de Morena.
El nepotismo ha sido el combustible de la autodenominada “Cuarta Transformación”. Ya no se trata de casos aislados, sino de clanes familiares que han colonizado la estructura del Estado, empezando por la familia de Andrés Manuel López Obrador con el tráfico de influencia de sus hijos. Los hijos del expresidente, Andrés, Gonzalo y José Ramón López Beltrán, han sido recurrentes en investigaciones que señalan una red de tráfico de influencias en contratos gubernamentales, particularmente en las megaobras del sexenio, esto sin ser funcionarios.
Los casos más sonados, la familia Batres; el ascenso de los hermanos Batres es el ejemplo más nítido de la captura institucional. Mientras Martí Batres consolidaba su poder en la jefatura de gobierno de la CDMX, su hermana Lenia Batres era impuesta en la Suprema Corte de Justicia, y otros familiares ocupaban posiciones estratégicas. El mérito ha sido sustituido por el apellido.
En el caso de la familia Alcalde, están las hermanas Alcalde Luján —Luisa María fue secretaria del Trabajo, exsecretaria de Gobernación, dirigente del partido y actualmente Consejera Jurídica con Claudia Sheinbaum, y Bertha Alcalde, colocada en puestos clave de salud y seguridad—; demuestra cómo las familias fundadoras han convertido al gobierno en una agencia de colocación privada. Sin olvidar a la familia Tadeí en el Instituto Nacional Electoral.
En Morena hay un blindaje de opacidad; personajes como Manuel Bartlett y Rocío Nahle representan la columna vertebral de este sistema. Mientras Bartlett fue exonerado de su inexplicable patrimonio, Nahle ha sido señalada por la opacidad y los sobrecostos en la Refinería Dos Bocas.
En los estados, la protección no cede. Gobernadores como Rubén Rocha Moya en Sinaloa, Marina del Pilar Ávila de Baja California, Alfredo Ramírez de Michoacán, Américo Villarreal, funcionarios y exfuncionarios como Mario Delgado y Adán Augusto López han sido señalados por la falta de contención frente a grupos delictivos o presuntas ligas de sus subordinados con los mismos. La constante es el silencio institucional y el “abrazo” político que los protege de cualquier rendición de cuentas.
Lo más preocupante es el pacto de silencio ante la violencia; quizás lo más doloroso es el cinismo ante la violencia de género. Casos como el de Félix Salgado Macedonio, con denuncias de violación, o Cuauhtémoc Blanco, cuya gestión estuvo marcada por el caos y señalamientos de acoso, demuestran que en Morena el capital político y la lealtad al proyecto valen más que la dignidad y la justicia para las víctimas.
Les da frío a los coordinadores de Morena, PT y Verde
Cuando todos veían la entrada en vigor del Plan B en el Estado de México, debido al planteamiento que hicieron los coordinadores de Morena, Francisco Vázquez, Partido del Trabajo, Oscar González y del Partido Verde, José Couttolenc, resulta que les dio miedo y dejaron todo como estaba en la propuesta federal, salvo con algunos simples cambios y decidieron no integrar propuestas de otros partidos políticos como Acción Nacional y Movimiento Ciudadano que pedían a gritos plasmar en la reforma un castigo para los políticos que se alíen con los grupos del narcotráfico.
Además, Morena y sus aliados pospusieron la reelección y el nepotismo para el año 2030, dejando la puerta abierta para que varios presidentes municipales alarguen su cargo a pesar de su mal desempeño en las tareas administrativas y de gobierno; también cerrar los ojos ante el nepotismo y permitirán que en la elección del 2027, varios presidentes municipales o legisladores pongan como candidatos a sus esposas, maridos o parientes consanguíneos en los cargos de elección popular.
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