Analizará Congreso armonización legislativa en materia de transparencia
El Congreso mexiquense analizará la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para expedir las nuevas leyes estatales de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con las que se propone crear un organismo público desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría denominado Transparencia Mexiquense.
Lo anterior, derivado de la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) conforme a las reformas constitucionales estatales aprobadas en junio de 2025.
De acuerdo con la exposición de motivos del documento, leído en sesión de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense por el diputado Gerardo Pliego Santana (Morena), se disminuirían los gastos de operación que conllevaba el Infoem, pues sus funciones serían asumidas por autoridades ya constituidas y por este organismo con autonomía técnica y operativa.
El proyecto legislativo también contempla reformar cinco ordenamientos vigentes y señala que el nuevo organismo contaría con una estructura mucho más simplificada, además de asumir las funciones, atribuciones y demás recursos materiales y humanos con los que ya se cuenta.
La iniciativa pretende concentrar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales en un nuevo modelo institucional que continúe y fortalezca las funciones que desempeñaba el Infoem.
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Resalta que, por su composición política y demográfica, el Estado de México se encuentra entre las entidades con mayor número de sujetos obligados, con 332, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Agrega que esta cifra evidencia la alta responsabilidad institucional en el cumplimiento del mandato constitucional en materia de estos derechos, así como la necesidad de poner en marcha un sistema actualizado, eficiente y acorde con el marco constitucional y legal.
Precisa que, de acuerdo con el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2023 del mencionado instituto, el Estado de México también se ubica entre las entidades con la mayor cantidad de solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales, al ocupar el sexto lugar con mil 520 (datos del 2022).
La finalidad, afirma la propuesta, es fortalecer al Estado de México como un referente en la consolidación de un modelo de transparencia moderno, funcional y cercano a la ciudadanía, que asegure la protección y mejora continua de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales.
Plantea reformas a las leyes Orgánica de la Administración Pública, de Archivos y Administración de Documentos, del Sistema Anticorrupción, así como a los códigos Administrativo y Financiero, todas del ámbito estatal, a efecto de armonizar las atribuciones, referencias y denominaciones del extinto Infoem.
Respecto a la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene entre sus objetivos establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar estos derechos, así como regular la organización y funcionamiento del Subsistema de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y de las autoridades garantes.
Asimismo, busca garantizar a toda persona el acceso a la información pública mediante procedimientos sencillos, expeditos, oportunos y gratuitos, además de contribuir a mejorar los procedimientos y mecanismos destinados a transparentar la gestión pública y garantizar condiciones homogéneas y accesibles para las personas solicitantes.
Detalla que Transparencia Mexiquense, la Contraloría Interna del Poder Judicial, la Contraloría del Poder Legislativo y los órganos internos de control o equivalentes de los órganos autónomos son autoridades garantes del Estado.
El proyecto refiere que el Subsistema de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México se integraría por el conjunto orgánico y articulado de sus integrantes, procedimientos, instrumentos y políticas, con el propósito de fortalecer la evaluación de la gestión pública, promover el derecho de acceso a la información, difundir una cultura de la transparencia y garantizar su accesibilidad, así como una fiscalización y rendición de cuentas efectivas.
El subsistema funcionaría por conducto de su respectivo comité, integrado por la persona titular de la Secretaría de la Contraloría estatal (quien lo presidirá), así como las personas titulares de la Contraloría del Poder Legislativo; de la Contraloría Interna del Poder Judicial y de órganos internos de control o equivalentes de los organismos autónomos.
Tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia y acceso a la información pública, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos correspondientes que se emitan.
La iniciativa especifica que cada sujeto obligado conformaría un comité de transparencia como área responsable para la atención de las solicitudes de información, el cual sería colegiado e integrado siempre por un número impar, cuyas resoluciones se adoptarían por mayoría de votos. En caso de empate, quien presida el comité tendría voto de calidad.
Asimismo, los sujetos obligados integrarían sus comités con la persona titular de la unidad de transparencia, quien lo presidiría; la persona responsable del área coordinadora de archivos o equivalente, así como la persona titular del Órgano Interno de Control o equivalente.
En cuanto a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tiene como finalidad establecer las bases y condiciones que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos sencillos y expeditos.
De igual forma, busca garantizar la observancia de los principios de protección de datos personales con la finalidad de regular su debido tratamiento; garantizar que toda persona pueda ejercer este derecho; promover, fomentar y difundir una cultura al respecto, así como regular los medios de impugnación en la materia y los procedimientos para su interposición ante las autoridades garantes y promover la adopción de medidas de seguridad que garanticen la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos personales en posesión de sujetos obligados.
El documento refiere que la iniciativa se inscribe en un proceso de simplificación administrativa y racionalización de la estructura gubernamental, orientado a disminuir la burocracia y hacer más eficaz el desempeño institucional, cuyo origen es la reforma a la Constitución nacional de diciembre de 2024.
Consecuentemente, en marzo de 2025 se publicó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, las cuales establecen un nuevo marco de actuación general para todas las autoridades a nivel nacional.
Recibe Congreso informe sobre bienes vinculados a procedimiento penal
La Diputación Permanente del Congreso mexiquense recibió el Informe sobre el Destino de Bienes 2025, presentado por el coronel Gerardo René Herrera Huízar, director general del Instituto de Administración de Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio del Estado de México.
En el oficio leído por el diputado Isaac Josué Hernández Méndez (PT), el servidor público refrenda su compromiso de continuar con las acciones que la ley mandata en beneficio de la procuración de justicia y de la sociedad mexiquense.
Cabe señalar que este instituto tiene como misión llevar a cabo la administración de los bienes asegurados, embargados, abandonados, decomisados o de extinción de dominio, la autorización de su destino legal y, en su caso, la administración y entrega del producto de su enajenación.
