Auditor superior del EdoMéx será separado del cargo de manera provisional
*Alberto Dzib*
Con el inicio de una investigación sobre su situación patrimonial, el titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), Fernando Baz Ferreira, será separado del cargo durante el plazo que requiera la indagatoria e independientemente del curso que tome el proceso, aprobado el pasado 30 de abril, para removerlo el cargo, informó el presidente de la Junta de coordinación Política, en el Congreso local, Maurilio Hernández González.
Tras darse a conocer que los diputados de Morena solicitarán a la contraloría del Poder Legislativo revisar la evolución patrimonial del funcionario, desde que asumió el cargo y hasta la fecha, el también coordinador de la fracción dijo que por ahora no hay presunción de algún delito cometido por el auditor superior, pero que la investigación permitirá descartar responsabilidades o iniciar investigaciones más amplias sobre el desempeño de su responsabilidad.
Dijo que aun cuando el procedimiento de remoción del funcionario podría concluir durante agosto y se trata de un asunto distinto, la comisión de vigilancia del OSFEM pedirá que como medida cautelar Baz Ferreira sea separado provisionalmente del cargo, para el desarrollo adecuado de las indagatorias.
“Finalmente inicia un procedimiento y lo que está solicitando la comisión son medidas cautelares también y entonces esto qué implicaría, pues, que se separara del cargo de manera provisional.”, notificó.
Cabe señalar que esta medida fue buscada por el presidente de la comisión de vigilancia del OSFEM, Tanech Sánchez, desde que se aprobó iniciar el procedimiento de remoción del auditor superior, a fin de que, en uso de sus facultades, la Legislatura local pudiese nombrar un sustituto del cargo como parte de la reestructuración del órgano fiscalizador.
No obstante, la semana pasada se dio a conocer que existen posibilidades de que el titular del OSFEM, Fernando Baz, presente su renuncia voluntaria y que con ello se evite el desarrollo del proceso de audiencia, en el que el funcionario tendría 30 días para defenderse de las acusaciones de omisión en el cumplimiento de sus responsabilidades.
