Comisión para la Verdad condena liberación de militares involucrados en caso Ayotzinapa
*Redacción Diario Evolución*
La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) condenó la liberación de ocho elementos de las Fuerzas Militares presuntamente involucrados en los hechos que causaron la desaparición de 43 estudiantes normalistas.
“Una vez más, integrantes del Poder Judicial recurren al procedimiento de los llamados “sabadazos“, sin ponderar el derecho de las víctimas, las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos en un asunto que implica graves violaciones a derechos humanos”, afirmó la CoVAJ en un comunicado.
Asimismo, destacaron que estarán atentos a que “se respete el debido proceso, el principio de legalidad y, lo más importante, el derecho a la verdad y justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos”.
Ante esto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y presidente de la CoVAJ, Arturo Medina Padilla, afirmó que con dicha determinación, no se exonera de los cargos a los militares, quienes continuarán sujetos a proceso hasta que se dicte la sentencia correspondiente.
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Fue la juez segundo de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien revocó la prisión preventiva oficiosa de ocho militares acusados de participar en la desaparición de los normalistas en Ayotzinapa, por lo que se ordenó su liberación.
Este dictamen se dio luego de que los elementos de las Fuerzas Militares interpusieran diversos amparos y quienes ahora llevarán su proceso en libertad, los cuales fueron identificados con los nombres de Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.
Sin embargo, les impusieron nuevas medidas cautelares entre las que están presentarse ante el juzgado del proceso los días 1 y 16 de cada mes, la entrega de su pasaporte y la prohibición de salir del país, acercarse o comunicarse con las víctimas, así como acercarse al estado de Guerrero y el pago de una garantía económica de 50 mil pesos.
E.A.
