Minibloque en Congreso mexiquense se opone a venta de inmuebles municipales

*Alberto Dzib*

Foto: Alberto Dzib.

Las bancadas del PVEM, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza en la Legislatura del Estado de México, cumplieron y votaron en contra de la autorización para que los municipios de San José del Rincón, San Felipe del Progreso y Nicolás Romero, desincorporen y vendan inmuebles para el pago de laudos y deuda, pero fueron arrasados por las bancadas mayoritarias que emitieron sus votos a favor. 

Los decretos para los tres Ayuntamientos fueron avalados por mayoría, pero en cada uno, las bancadas del bloque legislativo minoritario conformado este lunes por 6 legisladores, fijaron posicionamiento y nuevamente criticaron que frente a malas administraciones que no han atendido sus deudas u otros compromisos financieros, se recurra a la venta del patrimonio municipal.

La coordinadora del PVEM, María Luisa Mendoza, se refirió en específico al caso de San José del Rincón, donde el argumento para vender predios es una sentencia judicial para pagar la deuda a una inmobiliaria, pues el monto original era de 10 millones de pesos y por intereses subió a más de 38 millones de pesos. 

Juana Bonilla, diputada de Movimiento Ciudadano, consideró también que las iniciativas autorizadas se aprobaron sin análisis profundo y que con esta acción, se podría desatar una reacción en cadena de otros municipios que busquen resolver problemas con la venta de bienes.

El coordinador de la fracción de Nueva Alianza, Rigoberto Vargas, se unió a la crítica y dijo que en breve se respetará una iniciativa para evitar que los ayuntamientos puedan vender inmuebles cuando el objetivo sea el pago de laudos o deudas. 

Por parte de las mayorías, sólo hablaron los diputados Francisco Santos y Gerardo lamas, ambos del PAN, quienes reconocieron que la medida de venta de bienes no es la mejor, pero es la única opción por ahora para que los municipios atiendan problemas financieros generados durante administraciones anteriores, además de que en los tres casos, hay ya una sentencia que ordena el pago y los municipios se ven obligados a buscar una fuente de ingresos. 

El bloque minoritario agregó que como esos municipios, el ISSEMyM busca vender 22 inmuebles de su propiedad para obtener alrededor de 330 millones de pesos, pero que no ha explicado el objetivo que se tiene y por ello piden que los legisladores locales asuman su compromiso, analicen la solicitud y no hagan autorizaciones que perjudiquen a la ciudadanía.

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