Sin ley de seguridad interior, caso de abuso de militares

*Melchor García*

El allanamiento de un inmueble por militares sin orden de cateo, hostigamiento a testigos por parte de los elementos castrenses, así como la obtención de pruebas ilícitas presentadas por estos, son tan sólo algunas de las violaciones a los derechos humanos de los que fue víctima Alberto Martínez Sosa.

Sentenciado a 20 años de prisión por un delito que no cometió, hoy clama justicia a nombre de su familia por un caso lleno de inconsistencias.

Leonardo Gama García, abogado del sentenciado, relató que el viacrucis para su defendido inició en el 2007 cuando un predio de su propiedad fue allanado por militares  sin orden de cateo.

Acusado por una supuesta denuncia anónima, Alberto promovió un amparo el cual le fue otorgado, pese a ello el primero de noviembre del 2007 fue detenido por elementos militares dentro de un retén castrense; el supuesto delito, el secuestro de dos militares.

Inició entonces un proceso en el que pese a no ser identificado fue sentenciado el 27 de febrero del 2009 a pesar de que se pudo comprobar la obtención de pruebas ilícitas mediante inspecciones, entrevistas y denuncias, pues le fueron indebidamente imputados delitos contra la salud los cuales justificaron su detención.

“Dentro de la primera declaración que rinden los elementos militares establecen que los plagiarios iban encapuchados, por lo que no pudieron ver sus rostros, además de que el elemento que avisa no puede identificar posteriormente a Alberto”, expuso el abogado.

A su favor tienen una declaración de Alfonso Benítez Luna, quien en ese momento se desempeñaba como subdelegado de procedimientos penales de la PGR en Toluca quien dijo en su oportunidad que:

“Teníamos conocimiento de que Alberto Martínez Sosa no había participado, ni existía prueba alguna o reconocimiento que hubiera intervenido en la privación ilegal de los militares, sin embargo por el hecho de ser propietario del inmueble donde “al parecer” fueron llevados los militares se consideró que se encontraba relacionado con los hechos “.

Ante ello han presentado un recurso de inconformidad ante el segundo Tribunal colegiado en materia penal por el delito de falso testimonio, contra los dos militares que lo acusan, en la espera que esto pueda ser el camino para alcanzar su liberación.

Al momento se encuentra privado de su libertad en el centro de readaptación social de Almoloya de Juárez por lo que llaman a la PGR y a los juzgados federales a recular en lo mal hecho y devolverle la libertad a un inocente.

Estos hechos se denuncian en el marco de la controversia suscitada por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior la cual facultaría a los militares para ejercer funciones de policía sin rendir cuentas a nadie.