Octavio Martínez propone publicar licitaciones y adjudicaciones públicas en Compramex
Con el objetivo de fortalecer la transparencia y el control en el uso de los recursos públicos, el diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario de morena en la LXII Legislatura mexiquense, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.
La propuesta busca que todas las licitaciones públicas y adjudicaciones directas se registren y publiquen obligatoriamente en el sistema COMPRAMEX. Esto, según el diputado, reducirá la discrecionalidad, facilitará la fiscalización y garantizará que la ciudadanía conozca cómo se ejercen los recursos estatales y municipales.
La iniciativa surge de la preocupación por las deficiencias detectadas en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, especialmente en las adjudicaciones directas, según lo señalado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Entre las irregularidades más comunes se encuentran la falta de documentación comprobatoria, la ausencia de justificación suficiente para las excepciones a la licitación pública y las inconsistencias en los expedientes y la publicación de información.
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La reforma establece que la licitación pública será la regla general para la adquisición de bienes, contratación de servicios y obra pública. Cualquier licitación, ya sea presencial, electrónica o mixta, deberá publicarse y tramitarse a través de COMPRAMEX dentro de los diez días hábiles siguientes a su celebración. En cuanto a las adjudicaciones directas, estas deberán registrarse y publicarse obligatoriamente en el sistema, incluyendo la justificación legal y técnica, el proveedor adjudicado, el monto, el objeto del contrato y el plazo de ejecución, también dentro de los diez días hábiles posteriores a la celebración del contrato.
El Grupo Parlamentario de Morena busca con esta propuesta consolidar un modelo de contratación pública más transparente, eficiente y vigilable, que brinde certeza jurídica a las autoridades, proveedores y ciudadanía, al tiempo que se fortalecen las herramientas tecnológicas para prevenir prácticas irregulares.
De aprobarse la iniciativa, el decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta del Gobierno. El Ejecutivo estatal tendría 90 días naturales para realizar las adecuaciones reglamentarias necesarias, mientras que dependencias, organismos auxiliares y ayuntamientos contarían con 180 días naturales para llevar a cabo las acciones de capacitación y adecuación tecnológica que garanticen el uso obligatorio de COMPRAMEX.
