Poder Judicial mexiquense a favor del “Quién es quién en la justicia”
*Alberto Dzib*
La propuesta del Gobierno Federal, en torno a implementar un esquema de “Quién es quién en la justicia”, para exhibir las malas actuaciones de jueces y magistrados en el país, será aceptada en el Poder Judicial del Estado de México, afirmó el presidente de la dependencia, Sergio Javier Medina Peñaloza.
Tras inaugurar el ‘Encuentro Internacional de Jueces de Ejecución Penal’, el magistrado presidente aseveró que los poderes judiciales son los entes públicos de mayor transparencia en el quehacer público y que la implementación del planteamiento del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para evitar la impunidad, abonaría a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.
Indicó que hasta el momento en el Estado de México no ha habido destitución de jueces o magistrados por contribuir con la impunidad o ser parte de actos de corrupción, pero, dijo, en la entidad no se toleran estos hechos en el ámbito judicial y confió en que, si se implementa la medida, habrá buenos resultados para quienes se encargan de la impartición de justicia a nivel estatal.
“Bueno, yo estoy seguro que tendremos excelentes resultados, porque los jueces aquí son muy preparados. (…) No (ha habido casos de corrupción en jueces) y aquellos casos que las personas conozcan, por supuesto que estaremos atentos para recibirlos, para atenderlos, darles seguimiento, porque eso sí, en los temas de corrupción tenemos cero tolerancia.”, señaló.
Para evitar que los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de México incurran actos de corrupción, Medina Peñaloza aseguró que se tiene una vigilancia constante sobre el actuar de jueces; el órgano de control interno tiene la instrucción de dar seguimiento a cualquier denuncia ciudadana, el consejo de la judicatura realiza revisiones periódicas y que se tiene una rigurosa revisión del material probatorio.
Cabe señalar que López Obrador ha indicado que este esquema entraría en funciones si se detecta que los jueces actúan indebidamente y son parte de actos de corrupción o impunidad; por lo que, similar al programa aplicable a las gasolineras, los poderes judiciales serían parte del escrutinio público.
