Sin concretar investigación patrimonial contra extitular del OSFEM
*Alberto Dzib*
Pese al interés manifiesto de los diputados locales de MORENA por emprender una investigación patrimonial sobre el extitular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), Fernando Baz Ferreira, la Contraloría del Poder Legislativo de la entidad no ha recibido solicitudes formales para iniciar el procedimiento, aseguró el titular del órgano, Victorino Barrios Dávalos.
El contralor señaló que la intención dada a conocer una semana antes de que el exauditor superior presentara su renuncia el pasado 9 de agosto, se difundió en medios informativos pero no se concretó como solicitud formal, por lo que es imposible iniciarla como fue planteada.
Argumentó que este tipo de averiguaciones se aplican a los servidores públicos del Poder Legislativo de manera aleatoria y sólo pueden orientarse de manera específica cuando el Congreso local así lo solicita, ya que de lo contrario se estaría incurriendo en una irregularidad.
“Sólo se sacó en medios pero una solicitud formal de hacerle una evolución patrimonial al extitular del OSFEM no la tuve a la mano y no la hago no porque no quiera sino porque si no tengo la instrucción eso si no lo puedo hacer porque si no me van a acusar después de andar haciendo evoluciones y metiendo mano a donde no se me solicita”.
Barrios Dávalos señaló que hay un plazo de 5 años después de la renuncia de los servidores públicos para ser investigados, pero que si no la investigación hacia el ex titular del OSFEM definitivamente no se presenta, la indagatoria de su evolución patrimonial, dependerá del método estadístico que aplica la Contraloría.
“No es una Contraloría a modo de que ahora hazle a aquel y hazle a este, no, es una contraloría institucionalizada”.
Cabe señalar que el 30 de abril de este año, el pleno del Congreso mexiquense aprobó iniciar el proceso de remoción del entonces auditor superior Fernando Baz Ferreira por presunto incumplimiento de sus funciones en la Cuenta Pública 2017, pero antes de que éste comenzara se pidió la renuncia voluntaria del funcionario quien no aceptó, sino hasta unos días después de anunciarse el interés por conocer su situación patrimonial tras 9 años en el cargo.
