Pone Legislatura fecha de renuncia a titular del OSFEM

*Alberto Dzib*

El presidente de la Junta de Coordinación Política, de la Legislatura local, señaló que se estableció un plazo para que presente su renuncia voluntaria o, de lo contrario, se iniciará el procedimiento legal para removerlo del cargo. Foto: Especial.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, en la LX Legislatura del Estado de México, Maurilio Hernández González, adelantó que Fernando Baz Ferreira, titular del Órgano Superior de Fiscalización de la entidad (OSFEM), tendrá hasta el próximo 22 de mayo para presentar su renuncia voluntaria, o de lo contrario se iniciará el procedimiento legal concretar su remoción del cargo.

Al resaltar que, derivado del informe de la Cuenta Pública 2017 del Estado de México y los 125 municipios, se detectó opacidad y falta de eficiencia de parte del órgano fiscalizador, el también coordinador de la bancada de Morena comentó que, para evitar la impunidad en el mal manejo de recursos públicos, la reestructuración del ente es urgente y por ello es que esta semana se notificó al auditor superior sobre la requisición de su renuncia.

Aunque la Ley de Fiscalización prevé que para la remoción del funcionario se debe tomar en cuenta su derecho de audiencia, Hernández González, comentó que, si en este 22 de mayo no presenta su renuncia, se iniciará el procedimiento de ley, que implicaría su suspensión del cargo; por lo que la legislatura intervendría inmediatamente al OSFEM, ya que la reestructuración, dijo, es irreversible.

“Ya hemos hablado con el auditor para efecto de que presente su renuncia ante todas las evidencias, estamos en espera de su respuesta, si no la presenta, vamos a actuar conforme a la ley y, de acuerdo al mandato de la Legislatura, o sea, es irreversible la decisión y la vamos a tener que concluir así.”, mencionó.

Comentó que el propósito de remover al titular del OSFEM tiene que ver con que actualmente cuenta con facultades supralegislativas, que le permiten nombrar o destituir a funcionarios de alto nivel en el órgano, sin dar vista a la Legislatura; por lo que, al removerlo, los diputados locales estarían en posibilidad de emprender la investigación que se requiere para la reestructuración y quitar o conservar al personal que así lo merezca.

Además, advirtió que si no se presenta la renuncia, en el plazo señalado, durante el proceso de ley, que dura 30 días para hacer válido el derecho de audiencia del auditor, se podrían presentar denuncias penales ante instancias federales.

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