jueves, abril 25, 2024
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El tiempo dio la razón a la llamada “Ley Atenco”: Consejera

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Alberto Dzib

 

La consejera jurídica del gobierno del Estado de México, Luz María Zarza Delgado, defendió que el tiempo ha dado la razón a la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en la entidad, pues aunque los sectores que se opusieron a su aplicación anunciaban riesgos para la población y la libertad de expresión, señaló que ésta lleva casi 5 meses en vigor y prácticamente ha pasado desapercibida.

Aunque el inicio de operaciones de ésta ley no tuvo difusión, la funcionaria estatal dijo que según el segundo artículo transitorio reformado por los diputados locales, la reglamentación entraría en vigor una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera la tres acciones de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la misma, por lo cual, desde abril de 2017 la también llamada “Ley Atenco”, está en marcha.

En éste sentido, aseguró que las advertencias de los grupos que se opusieron a la regulación de la fuerza pública mediante dicha reglamentación fueron equívocas, pues aseguró que los protocolos sí se han aplicado y hasta el momento no se ha registrado una violación a los derechos humanos.

“Desde ese momento está en vigencia, eso también demuestra que ya tiene meses, eso demuestra que no había ningún riesgo con la ley y que no era lo que se pensaba”.

No obstante dijo que las fuerzas de seguridad en el estado continúan con capacitación para la adecuada implementación de los protocolos contenidos en la legislación aprobada desde marzo de 2016 en el Congreso local y aseveró que contrario a la percepción de que se trataba de una ley autoritarita impuesta por el Ejecutivo estatal, la reglamentación permite que ante cualquier exceso en el uso de la fuerza pública, se emitan sanciones contra los responsables.

Es de recordar que recientemente el grupo parlamentario de Morena en la Legislatura mexiquense, anunció que tenía previsto impulsar la derogación de la ley por percibir que aún con la resolución de la SCJN, era violatoria de garantías.

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