Propondrá PT eliminar outsourcing en dependencias públicas mexiquenses
*Alberto Dzib*
El Partido del Trabajo (PT), en el Estado de México, anunció que, en consideración de que los esquemas de subcontratación son una forma de vulnerar los derechos de los trabajadores, su bancada en el Congreso local presentará una iniciativa para prohibir que los entes o dependencias públicas en la entidad contraten el servicio denominado outsourcing.
Pese a reconocer que no se cuenta con información precisa sobre el número de servidores públicos que trabajan en esta modalidad, el diputado local petista, Luis Antonio Guadarrama Sánchez, dijo que se tiene conocimiento de que diversas instancias públicas en la entidad han apostado por la contratación de empresas privadas, dedicadas a la subcontratación de personal para evitarse compromisos laborales.
Aseguró que el esquema constituye un atentado contra las garantías de los trabajadores, debido a que, con éste, los salarios son más bajos, las prestaciones son bajas o no existen, no hay posibilidad de generar antigüedad y, en muchos casos, los trabajadores se ven obligados a firmar su renuncia por anticipado; por lo que, subrayó, debe haber una reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, para garantizar que tengan certidumbre laboral.
“El gobierno debe de estar a la vanguardia y salvaguardando los derechos de todos los trabajadores, no al contrario y, bajo esta figura indiscutiblemente, al revés, está en detrimento de los derechos y las conquistas de los trabajadores.”, aseveró.
En concreto, la propuesta que se presentará ante el pleno legislativo, este martes, prevé que se modifique el artículo 15 de dicha ley, para que los poderes, ayuntamientos y otros organismos públicos estén impedidos de hacer uso de servicio de subcontratación y tengan la obligación de hacerse cargo de sus trabajadores; ya que el outsourcing, aseguró, está pensado para la iniciativa privada y no para el sector público.
Guadarrama Sánchez destacó que, una vez que la iniciativa se presente, se podría pedir una auditoría a las instancias públicas de la entidad para saber cuántos trabajadores públicos se encuentran bajo esta modalidad de empleo, cuáles son las empresas que se han contratado para ese fin y cuál es la relación de éstas con las autoridades.
