Sin regulación y supervisión cuerpos de seguridad privada
*Melchor García*
La falta de un Registro Nacional de Empresas de Seguridad Privada y la deficiente aplicación de la Ley Federal de Seguridad Privada han dado lugar a un entorno donde la contratación de servicios de seguridad se ha vuelto un proceso riesgoso para usuarios e instituciones.
Esta deficiencia en la regulación y supervisión del sector ha permitido que proliferan empresas que operan al margen de la ley, lo que compromete la seguridad de las personas y organizaciones que dependen de estos servicios.
Raúl Sapién, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), informó que actualmente operan en México más de 6 mil empresas de seguridad privada. Sin embargo, se estima que hasta un 40 por ciento de estas compañías no cumplen con los requisitos legales establecidos, operando de manera irregular.
Esta situación representa un grave riesgo no solo por la falta de control en la contratación de personal, sino también por la vulnerabilidad que genera en la protección de datos sensibles de los usuarios, tales como información financiera, patrimonial, y en el caso de empresas, detalles sobre el manejo de armamento, equipos especializados y situaciones de crisis.
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Las empresas de seguridad privada están involucradas en el manejo de información confidencial y deben cumplir con estrictos protocolos para proteger tanto a los individuos como a las organizaciones que contratan sus servicios.
Cuando estas empresas no operan de acuerdo con la normativa, los riesgos aumentan, ya que los datos que gestionan pueden ser mal utilizados o caer en manos equivocadas. Asimismo, los problemas en la capacitación del personal y la falta de medidas de seguridad pueden poner en peligro la integridad de los usuarios y los bienes que buscan proteger.
Una de las principales preocupaciones planteadas por Sapién es que las empresas que operan de manera ilegal son menos susceptibles a las sanciones, debido a que carecen de una estructura formal que permita su localización o supervisión.
Estas empresas no cuentan con una imagen corporativa clara, un domicilio registrado o los documentos requeridos para ser rastreadas por las autoridades.
En contraste, las empresas que cumplen con la normativa enfrentan un mayor nivel de vigilancia y son más propensas a ser sancionadas, lo que crea una paradoja en la que aquellas que cumplen con los requisitos legales están en desventaja frente a las que operan sin supervisión.
